Análisis de una Estrategia Municipal - Semana 6

El presente trabajo analiza una estrategia municipal de la Municipalidad de Ate para la
prevención y atención de la violencia familiar y el feminicidio, según su Plan Estratégico Municipal. La violencia familiar en el Perú se asocia con factores sociales y culturales que requieren intervenciones locales efectivas. Flake (2005) señala que las desigualdades y antecedentes familiares incrementan el riesgo de violencia. Vilches, Rojas y Espinoza (2025) resaltan la importancia de estrategias municipales preventivas, y Calderón, García y Rojas (2023) enfatizan la necesidad de mejorar los servicios de atención a víctimas.

CONTEXTO GENERAL:

La violencia familiar y el feminicidio constituyen problemas sociales críticos en el distrito de Ate Vitarte. En los últimos años, las denuncias por agresión física, psicológica y económica hacia mujeres y menores de edad han mostrado un incremento sostenido, afectando la seguridad y el bienestar familiar (Municipalidad Distrital de Ate, 2024).

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la violencia contra la mujer mantiene una alta prevalencia nacional. El 54,9 % de mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido violencia familiar en algún momento de su vida, mientras que el 35,6 % la experimentó en los últimos 12 meses (INEI, 2021; INEI, 2023). Estos datos evidencian la magnitud del problema y su persistencia en el ámbito local.

El municipio ha incorporado esta problemática en su Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2024-2027, que incluye estrategias de prevención, campañas educativas y fortalecimiento de capacidades comunitarias con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la UGEL (Municipalidad Distrital de Ate, 2024). Dichas acciones buscan fomentar entornos seguros y promover la convivencia pacífica desde la educación, contribuyendo al desarrollo social del distrito.

ESTRATEGIA MUNICIPAL

Nombre del municipio: Municipalidad Distrital de Ate

Estrategia identificada: Acción estratégica N°40 “Desarrollo de actividades de sensibilización contra la violencia familiar dirigida a la comunidad educativa de las instituciones educativas públicas del distrito”

Objetivos de la estrategia.

• 
  Incrementar las acciones que propicien la prevención del delito y violencias cometidos
  por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población
• Promover la prevención de la violencia familiar mediante la sensibilización y educación de los miembros de la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres de familia).
• Fomentar entornos escolares seguros y libres de violencia, fortaleciendo la convivencia pacífica y el respeto mutuo.
• Identificar los factores determinantes que influenciaron en la no continuidad de la denuncia de las mujeres víctimas de violencia familiar del Centro Emergencia Mujer de Ate-Vitarte, identificando sus aspectos personales y culturales.

Acciones y programas asociados.

• 
  Charlas de sensibilización de desarrollo de competencias parentales (planificación familiar) para evitar violencia sexual en niñas; niños y adolescentes
• Capacitaciones al personal docente y administrativo en detección, prevención y derivación de casos de violencia.
• Implementación del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
• Actividades integradas con la UGEL y municipios distritales, en el marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia y el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016–2030.
• Campañas escolares de convivencia pacífica y respeto mutuo, con participación de estudiantes y padres.
• Convenios interinstitucionales con el Centro de Emergencia Mujer (CEM), Defensoría del Pueblo y Policía Nacional del Perú (PNP) para atención y seguimiento de casos.

Recursos utilizados (económicos, humanos, materiales).

• Recursos Materiales: Se utilizó diapositivas y boletines informativos que fueron distribuidos a los estudiantes.
• Recursos humanos: Representante de la DEMUNA, personal de salud a cargo del taller de sensibilización.
• Indicadores de evaluación, si los hubiera.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL

En el distrito de Ate, la violencia familiar y el feminicidio representan un grave problema social

que afecta principalmente a mujeres y niñas. El Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2024-2027 muestra un aumento de denuncias por agresiones y una alta incidencia de feminicidios, reflejando desigualdad de género y una respuesta institucional limitada (Municipalidad de Ate, 2024). Estas situaciones coinciden con estudios nacionales que asocian la violencia intrafamiliar con factores socioeconómicos y psicológicos que vulneran el bienestar y los derechos humanos de las víctimas (Sánchez & Ramos, 2020; Castillo & López, 2021; Valdez, 2022).

Causas del problema

Las causas de la violencia familiar y el feminicidio en Ate Vitarte son diversas y se relacionan entre sí.

1. Factores socioculturales:
Las creencias machistas y los estereotipos de género continúan legitimando el control del varón sobre la mujer, lo que perpetúa la violencia dentro del hogar (Cordova & Huanca, 2021). Estas prácticas arraigadas se transmiten de generación en generación y dificultan el cambio de conductas violentas.

2. Dependencia económica:
La falta de autonomía económica constituye uno de los factores más relevantes. El INEI (2025) señala que el 28,6 % de las mujeres adultas dependen económicamente de su pareja o expareja. En Ate, Miranda Linares (2020) comprobó que la violencia económica guarda una relación directa con el feminicidio íntimo, lo que evidencia que la restricción del acceso a recursos es una forma de control que incrementa la vulnerabilidad de las víctimas.

3. Dependencia emocional:
La dificultad para romper vínculos afectivos dañinos mantiene a muchas mujeres dentro de relaciones abusivas. En asentamientos humanos de Ate se ha identificado una correlación significativa entre violencia familiar y dependencia emocional (Casaverde Quinteros, 2021).

4. Factores institucionales:
A pesar de la existencia de marcos legales como la Ley N.º 30364, la falta de acompañamiento, seguimiento y protección efectiva a las víctimas limita los resultados de las políticas locales (Municipalidad Distrital de Ate, 2024). Según Benites Ureta (2021), muchas denuncias no prosperan debido a la escasa confianza en las instituciones encargadas de brindar atención y justicia.

Consecuencias del problema

1.- Las creencias machistas y los estereotipos de género consolidan relaciones desiguales de poder, lo que produce la naturalización de la violencia y la tolerancia social hacia el maltrato. Esto genera un ciclo intergeneracional de violencia, en el que hijas e hijos reproducen los mismos patrones en sus futuras relaciones (OMS, 2022).

2.- La falta de ingresos propios impide que las mujeres salgan de relaciones abusivas, ya que temen perder el sustento para ellas y sus hijos. Esta dependencia las expone a múltiples formas de violencia (física, psicológica, sexual y económica) y reduce su capacidad de tomar decisiones autónomas (INEI, 2025). A largo plazo, la exclusión laboral y la precarización del trabajo femenino contribuyen al empobrecimiento estructural de las mujeres

3.- La dependencia afectiva perpetúa el ciclo de violencia, ya que las víctimas tienden a justificar o minimizar las agresiones por miedo a la soledad o por idealización de la pareja. Esto genera daños psicológicos como ansiedad, depresión, baja autoestima y trastornos de estrés postraumático (OMS, 2022). Además, la permanencia en relaciones abusivas puede culminar en violencia extrema o feminicidio.

4.- La ineficacia institucional produce impunidad y desconfianza social. La falta de respuesta rápida y de seguimiento a las denuncias desincentiva a las víctimas a buscar ayuda, lo que prolonga la violencia y agrava sus consecuencias. Además, la ausencia de coordinación entre entidades judiciales, policiales y de salud pública debilita la implementación de la Ley N.º 30364, reduciendo su impacto real (Estado peruano, 2024)

Responsables y afectados:

• Subgerencia de salud DEMUNA y bienestar social
• Centro de Emergencia Mujer (CEM)
• Personal de Salud

Grupos sociales afectados directa e indirectamente.
Directa: 

• Público objetivo del taller
• Los niños, niñas y adolescentes
• Mujeres en situación de abuso

Indirecta:
Los docentes pueden ser la primera línea de comunicación ante casos de violencia familiar.

RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO

La violencia familiar y el feminicidio se encuentran identificados en el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Ate 2024–2027 como problemas prioritarios que afectan la seguridad ciudadana. El plan propone estrategias de prevención y atención a víctimas, como campañas de sensibilización y servicios de apoyo a mujeres, niñas y adolescentes (Municipalidad de Ate, 2024).

Esta estrategia se vincula principalmente con los Objetivos Estratégicos 1 y 2: prevenir la violencia y mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de seguridad. Según D’Agostino (2025), los gobiernos locales cumplen un rol clave en la promoción de la equidad de género mediante la implementación de políticas públicas inclusivas. De igual manera, Boyer (2025) destaca que las acciones municipales con enfoque territorial pueden fortalecer la prevención de la violencia de género y el feminicidio.

La estrategia municipal de Ate Vitarte muestra una coherencia considerable con los objetivos planteados en el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2024-2027 y con la Ley N.º 30364, que establece la prevención y atención integral de la violencia familiar (Municipalidad Distrital de Ate, 2024).

Las actividades ejecutadas, como talleres de sensibilización, capacitaciones docentes, ferias informativas y campañas comunitarias responden al enfoque preventivo promovido por el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2030, impulsado por el MIMP. Estas acciones fortalecen la cooperación interinstitucional entre la municipalidad, el Centro de Emergencia Mujer, la UGEL y la Policía Nacional, lo que permite un abordaje más integral del problema.

No obstante, persisten desafíos operativos. Estudios recientes evidencian que la dependencia económica y emocional continúan afectando la continuidad de las denuncias y el acceso real a medidas de protección (Miranda Linares, 2020; Casaverde Quinteros, 2021). Para garantizar una coherencia efectiva entre el plan y la ejecución, se recomienda fortalecer el seguimiento de casos, ampliar la cobertura de talleres hacia zonas periféricas y asegurar recursos humanos y financieros sostenibles.

Conclusiones y Recomendaciones

El presente análisis aborda la Estrategia Municipal N.º 40 de la Municipalidad Distrital de Ate,
orientada a la prevención y atención de la violencia familiar y el feminicidio. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2024–2027, el cual busca fortalecer la convivencia pacífica, promover la equidad de género y reducir los índices de violencia en la comunidad. El problema de la violencia familiar en Ate es crítico, evidenciado por el incremento de denuncias de agresión física, psicológica y económica, situación que se refleja también a nivel nacional, donde el 54,9 % de mujeres entre 15 y 49 años ha experimentado algún tipo de violencia (INEI, 2023).

Las principales causas identificadas son de carácter estructural, social y cultural. Entre ellas destacan los factores socioculturales, que perpetúan el machismo y los estereotipos de género; la dependencia económica, que limita la autonomía de las mujeres; la dependencia emocional, que refuerza la permanencia en relaciones abusivas; y los factores institucionales, relacionados con la ineficacia de las políticas de atención y la falta de confianza en las autoridades.

La estrategia municipal se basa en actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa, incluyendo talleres, capacitaciones docentes, charlas para padres y campañas escolares de convivencia pacífica. Asimismo, cuenta con el apoyo de instituciones como la DEMUNA, el Centro de Emergencia Mujer (CEM), la UGEL y la Policía Nacional del Perú, promoviendo un trabajo articulado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Estas acciones son coherentes con los objetivos del Plan Distrital y con la Ley N.º 30364, que establece la prevención y atención integral de la violencia familiar.

En conclusión, la estrategia de Ate representa un avance importante en la lucha contra la violencia familiar, aunque requiere una gestión más sostenida y un enfoque integral que combine prevención, atención y empoderamiento femenino.

Recomendaciones para optimizar la estrategia municipal.

• Fortalecer la capacitación docente como primera línea de detección y orientación ante casos de violencia escolar.
• Ampliar la cobertura de talleres a más instituciones educativas, incluyendo zonas periféricas del distrito.
• Implementar mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto de las acciones, como encuestas post-taller y reportes mensuales.

BIBLIOGRAFIA

Calderón, M., García, C., & Rojas, P. (2023). Access to essential services for women victims of violence in rural and indigenous areas of Peru. International Journal for Equity in Health. https://doi.org/10.1186/s12939-023-02012-3

Flake, D. F. (2005). Individual, family, and community risk markers for domestic violence in Peru. Violence Against Women, 11(3), 353–373. https://doi.org/10.1177/1077801204272129

Vilches, K., Rojas, L., & Espinoza, M. (2025). Intergenerational transmission of domestic violence in Peruvian families. Social Sciences, 14(7), 399. https://doi.org/10.3390/socsci14070399

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022). Violencia contra la mujer: datos y cifras.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2025). Estadísticas de violencia familiar y de género en el Perú.
https://www.infobae.com/peru/2024/06/04/el-538-de-mujeres-fueron-victimas-de-violencia-de-genero-en-el-peru-a-lo-largo-del-2023-revela-inei/

Ley N° 30364: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. (2024, 7 noviembre). Orientación - Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Plataforma del Estado Peruano.
https://www.gob.pe/74905-ley-n-30364-ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar

Boyer, S. (2025). Local gender governance and territorial strategies to combat gender-based violence. Environment and Planning C: Politics and Space. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2025.103045

D’Agostino, M. J. (2025). Gender and local governance: Municipal priorities for equity and inclusion. State and Local Government Review, 57(1), 34–46. https://doi.org/10.1177/0160323X241313186

Benites Ureta, K. K. (2021). Factores determinantes en las mujeres víctimas de violencia familiar para no continuar con el proceso de la denuncia en el Centro de Emergencia Mujer de Ate-Vitarte [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio PUCP.
https://tesis.pucp.edu.pe/items/c08803cd-029a-4087-a928-a4a4e96c3340

Casaverde Quinteros, F. C. (2021). Violencia familiar y dependencia emocional en mujeres beneficiarias de una ONG de asentamientos humanos de Ate, 2020 [Tesis, Universidad César Vallejo]. Repositorio UCV. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/62709

Cordova García, E. F., & Huanca Oscco, D. A. (2021). Feminicidio causado por violencia familiar y de género en el Distrito de Ate, 2020 [Tesis]. Universidad Privada Telesup. https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1593

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2021). 54,9 % de mujeres de 15 a 49 años fue víctima de violencia familiar alguna vez en la vida por parte del esposo o compañero (ENDES 2021). https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/549-de-mujeres-de-15-a-49-anos-de-edad-fue-victima-de-violencia-familiar-alguna-vez-en-su-vida-por-parte-del-esposo-o-companero-14026/

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). El 35,6 % de mujeres de 15-49 años ha sido víctima de violencia familiar en los últimos 12 meses (ENDES 2022). https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-356-de-mujeres-de-entre-15-y-49-anos-ha-sido-victima-de-violencia-familiar-en-los-ultimos-12-meses-14657/

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2025, 8 julio). 28,6 % de las mujeres de 18 y más años de edad vive bajo la dependencia económica de la pareja o expareja. https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1205421-28-6-de-las-mujeres-de-18-y-mas-anos-de-edad-vive-bajo-la-dependencia-economica-de-la-pareja-o-expareja


Miranda Linares, S. G. (2020). La violencia económica contra la mujer y su relación con el delito de feminicidio íntimo en el distrito de Ate, 2019 [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. Repositorio UCV. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/65914

Castillo, L., & López, M. (2021). Factores sociodemográficos asociados a violencia intrafamiliar en mujeres en el Perú. Revista de la Facultad de Medicina Humana, 24(1). https://doi.org/10.25176/RFMH.v24i1.6162

Municipalidad Distrital de Ate. (2024, 25 mayo). En Ate aprueban Plan de Trabajo 2024 para erradicar violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. https://www.gob.pe/institucion/muniate/noticias/963834-en-ate

Situación de las víctimas del terrorismo en el Perú - Semana 4

El terrorismo que azotó al Perú entre 1980 y el 2000 dejó una huella profunda en la sociedad,

con impactos que trascendieron lo económico y político para instalarse en la vida cotidiana de miles de familias. Las secuelas de la violencia armada no se limitaron a las muertes o desplazamientos forzados, sino que también incluyeron graves afectaciones en la salud física y mental de los sobrevivientes. Estudios psicosociales en comunidades andinas demuestran que la participación local en los procesos de evaluación del daño no sólo visibiliza el trauma colectivo, sino que también actúa como una forma de acompañamiento terapéutico frente al sufrimiento vivido (Snider et al., 2004).

La importancia de analizar la situación de las víctimas del terrorismo radica en comprender cómo la memoria y la reparación se articulan con el derecho a la salud y a la justicia. El trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación abrió un precedente en América Latina al reconocer la salud mental como parte del proceso de reparación, lo que permitió dar voz a sobrevivientes históricamente marginados (Laplante & Rivera Holguín, 2006). Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten vacíos en la implementación de políticas públicas que garanticen la restitución plena de derechos.

Diversas investigaciones han evidenciado que los sobrevivientes presentan síntomas prolongados de estrés postraumático, depresión y ansiedad, lo cual limita sus oportunidades de reintegración social y económica (Tremblay et al., 2009). Esta dimensión psicosocial refuerza la necesidad de políticas sostenidas que prioricen a las víctimas no solo como receptores de ayuda, sino como ciudadanos con capacidad de incidir en las decisiones que afectan su futuro.

Asimismo, el análisis de la situación de las víctimas exige incorporar una mirada de género y etnicidad. El reconocimiento de las mujeres quechuas como víctimas y como agentes de reconstrucción en el periodo postconflicto muestra que la memoria del sufrimiento y la resistencia no ha sido distribuida de manera equitativa. Estas diferencias revelan la persistencia de desigualdades simbólicas y materiales que deben ser atendidas en los procesos de justicia transicional (Suarez, 2013).

En ese sentido, la justificación de este análisis se basa en la necesidad de examinar de manera crítica las políticas de reparación y memoria en el Perú, a fin de identificar tanto los logros alcanzados como las limitaciones aún vigentes. Solo así será posible avanzar hacia una reconciliación real que asegure verdad, justicia y reparación integral para todas las víctimas del terrorismo.

Habiendo pasado ya veinte años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
entregó su informe final, y aunque marcó un hito en la historia del país, su impacto real en la sociedad ha sido limitado. El Estado peruano sí dio algunos pasos: se creó el Consejo de Reparaciones en 2006 y se entregaron compensaciones económicas a víctimas y comunidades, sobre todo gracias a la presión social en tiempos de Alan García. Sin embargo, más allá de esas reparaciones materiales, en lo moral, educativo y en la salud los avances han sido mínimos (Lerner y Villasante, 2023, p. 371). Muchas víctimas sienten que no se ha hecho justicia porque no basta con un pago económico. Lo que reclaman es reconocimiento, apoyo psicológico, oportunidades y sobre todo una memoria viva. Desde el gobierno de Alberto Fujimori se empezó a construir una historia que ocultaba los crímenes del Estado y glorificaba a las Fuerzas Armadas, lo que alimentó la condena al trabajo de la CVR (Lerner y Villasante, 2023). El Ejército incluso respondió con su propio libro “En honor a la verdad", en el que defendía la institución y minimizaba sus responsabilidades. En vez de convertirse en un recuerdo común para todos, el Informe quedó en medio de dos posiciones: los que resaltan las violaciones del Estado y los que solo recuerdan la derrota del terrorismo. Por eso se dice que “no caló en la sociedad”. Como explica Cotlear (2024), la CVR logró avances en derechos humanos, pero no consiguió unir las distintas miradas del conflicto. Se enfocó en la violencia política y dejó de lado aspectos como la crisis económica y la caída de la democracia, lo que dio lugar a dos relatos que no dialogan entre sí: el de la violencia y el de la economía. Además, Querejazu (2023) señala que el hecho de que el Ejército publicara su propio libro para defenderse muestra que todavía hay memorias divididas y que falta mucho para una verdadera reconciliación.

Tras el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de 2003, se formularon múltiples recomendaciones destinadas a garantizar justicia, verdad, reparación y no repetición. Algunos estudios recientes muestran que ha habido progresos legales e institucionales, como la judicialización de casos de graves violaciones de derechos humanos, la reforma parcial de leyes que impedían el proceso de justicia (por ejemplo, las leyes de amnistía o la prescripción penal) y la creación de mecanismos institucionales que atienden demandas de víctimas; estos representan avances significativos hacia el cumplimiento del mandato de la CVR (Abad Yupanqui, 2004; Reyes, 2023).

No obstante, aún persisten limitaciones importantes. En Luces y sombras de la justicia: el
legado jurídico de la CVR en Perú, Reyes (2023) señala que muchas recomendaciones de naturaleza judicial no han sido monitorizadas sistemáticamente, lo que dificulta evaluar el grado real de cumplimiento, y que numerosos casos siguen sin sentencia condenatoria o están paralizados por demoras procesales. Además, el acceso efectivo a la justicia para las víctimas en zonas rurales o aisladas continúa siendo un desafío, tanto por barreras geográficas como por carencia de recursos institucionales (Reyes, 2023).

Otro estudio, Una exigencia viva de cambio. Justicia transicional y prevención en Perú

(Guillerot, 2023), subraya que las causas estructurales del conflicto —como pobreza,

exclusión social y discriminación étnica— no han sido aún abordadas de manera integral por el Estado, lo que significa que las condiciones que permitieron la violencia persisten. Guillerot advierte que, sin una política estatal sostenida y con enfoque preventivo, las víctimas no sólo siguen esperando reparaciones, sino que la posibilidad de repetición de violaciones se mantiene latente (Guillerot, 2023).

De forma complementaria, Abad Yupanqui (2004) analiza los obstáculos legales que han frenado la justicia para las víctimas, tales como las leyes de amnistía, la prescripción, los estados de emergencia y la influencia de entidades militares en ciertos procesos, que muchas veces restringen el alcance de lo que la CVR recomendó.

En resumen, si bien hay avances visibles en materia de judicialización, reconocimiento oficial y algunas reparaciones, la justicia para las víctimas del terrorismo en el Perú presenta aún déficits estructurales: falta de seguimiento sistemático, demoras procesales, insuficiente cobertura geográfica y social, y ausencia de una acción estatal integral que articule verdades, culpas, reparaciones materiales y simbólicas, prevención y no repetición.

CONCLUSIONES:

- A pesar de los avances normativos e institucionales, muchas víctimas del terrorismo en el Perú aún viven en condiciones de pobreza, marginación y con dificultades para acceder a servicios básicos como salud, educación y vivienda.

- Las secuelas del terrorismo no solo fueron materiales, sino también emocionales y culturales. Muchas comunidades siguen cargando con traumas, estigmatización y fracturas sociales que afectan la reconstrucción de su tejido comunitario.

- Las zonas rurales, sobre todo de la sierra y la selva, fueron las más golpeadas por la violencia, y paradójicamente siguen siendo las que menos apoyo estatal reciben en materia de reparación y desarrollo.

RECOMENDACIONES:

• Implementar programas permanentes de salud, con énfasis en el acompañamiento psicológico y comunitario, considerando el impacto del trauma en la vida de las víctimas y sus familias.
• Priorizar a las regiones más afectadas por el terrorismo (sierra y selva) con proyectos de desarrollo rural, infraestructura, educación y acceso a servicios básicos.
• Organizar debates, foros o exposiciones sobre el impacto del terrorismo y la importancia de la paz, para sensibilizar a los compañeros.
• Vincularse con asociaciones juveniles o universitarias que trabajen por la memoria, la paz y la reconciliación.

BIBLIOGRAFIA:

Abad Yupanqui, S. (2004). Retos jurídicos del informe de la CVR: la necesaria garantía del derecho a la verdad. Derecho PUCP, (57), 41–58. https://doi.org/10.18800/derechopucp.200401.002

Cotlear, D. (2024). La distopía andina: El papel de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en la construcción de un relato sobre el Perú de 1980 al 2000. Instituto de Estudios Peruanos. 

https://repositorio.iep.org.pe/server/api/core/bitstreams/b69430f5-3d2a-4b83-b2fb-62bd1716231b/content

Guillerot, J. (2023, noviembre). Una exigencia viva de cambio. Justicia transicional y prevención en Perú. Instituto de Democracia y Derechos Humanos, PUCP. https://doi.org/10.18800/9786124474477.001

Laplante, L. J., & Rivera Holguín, M. (2006). The Peruvian Truth Commission's mental health reparations: Empowering survivors of political violence to impact public health policy. Health and Human Rights, 9(2), 136–163. 

https://doi.org/10.2307/4065405

Lerner, S., & Villasante, M. (2023). Veinte años después de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Revista Iberoamericana, 9(1), 363–378. https://doi.org/10.18800/revistaira.202401.010

Querejazu Aguirre, I. (2023). Las diferentes interpretaciones del conflicto armado peruano y la falta de reconciliación nacional: Un breve análisis de los principales ejes discursivos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y del Ejército del Perú en torno al conflicto armado. Sílex, 13(1), 70–102. 

https://doi.org/10.53870/silex.2023131237

Reyes, V. (2023, noviembre). Luces y sombras de la justicia: el legado jurídico de la CVR en Perú. Instituto de Democracia y Derechos Humanos, PUCP. https://doi.org/10.18800/9786124474477.005

Snider, L., Cabrejos, C., Huayllasco Marquina, E., Trujillo, J. J., Avery, A., & Ango Aguilar, H. (2004). Psychosocial assessment for victims of violence in Peru: The importance of local participation. Journal of Biosocial Science, 36(4), 389–400. https://doi.org/10.1017/S0021932004006601

Suarez, E. B. (2013). Recognizing suffering or resistance? Honoring the courage of indigenous quechua women in post-conflict Ayacucho, Peru. Stability: International Journal of Security & Development, 2(2), 1–14. 

https://doi.org/10.5334/sta.cc

Tremblay, J., Pedersen, D., & Errazuriz, C. (2009). Assessing mental health outcomes of political violence and civil unrest in Peru. International Journal of Social Psychiatry, 55(3), 200–208. 

https://doi.org/10.1177/0020764009103214

Autoritarismo y Democracia en el Perú - Semana 2

El Perú ha experimentado en años recientes una crisis política intensa que evidencia la tensión entre las prácticas democráticas y las tendencias autoritarias. Después de que Pedro Castillo fuera destituido como presidente en 2022, el país entró en un proceso de debilitamiento institucional marcado por protestas sociales, dudas sobre la legitimidad del Congreso y una creciente percepción de erosión democrática (Ilizarbe, 2023; Murakami, 2024). 

Estos sucesos se enmarcan en una línea histórica de altibajos entre el autoritarismo y la democracia que han definido el devenir político del Perú.

El propósito de este trabajo es crear una línea cronológica que ilustre los hitos más significativos del autoritarismo y la democracia en Perú, enfocándose especialmente en los sucesos recientes que han moldeado el panorama político actual. Este recurso facilitará el reconocimiento de periodos de transición, ruptura y continuidad que tuvieron un impacto en la política, economía y sociedad del país.

Este análisis histórico-político es importante porque hace posible entender los ciclos que han hecho más débiles o más fuertes las instituciones democráticas y, al mismo tiempo, pensar sobre los peligros a los que se enfrenta la gobernabilidad hoy en día. Tal como señalan reportes internacionales, el Perú se encuentra en una situación vulnerable ante tendencias autoritarias debido a la disminución de los derechos civiles y de la confianza de los ciudadanos en los últimos años (Freedom House, 2023; FIDH, 2023). 

Así, al crear una línea de tiempo no solo se obtiene una perspectiva didáctica y ordenada del pasado político, sino también instrumentos críticos para analizar los retos actuales que enfrenta la democracia en Perú.

El acontecimiento más relevante fue el autogolpe de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. Este hecho es un claro ejemplo de autoritarismo dentro de una democracia y permite realizar un análisis integral de acuerdo a los cuatro indicadores de Levitsky Ziblatt.

En primer lugar, el rechazo de las reglas democráticas quedó evidenciado en la disolución del

Congreso, la intervención de instituciones como el Poder Judicial y el control del Estado. Polar Huaco (2024) menciona que Fujimori “atacó indiscriminadamente el Estado de derecho y la democracia (...) sin ningún plan de retorno a un orden democrático”, esto demuestra que la medida tomada no fue extraordinaria, sino que fue parte de una estrategia para concentrar el poder y debilitar el sistema democrático basado en la división de poderes.

En segundo lugar, la negación de la legitimidad de los oponentes se evidencia en el discurso oficial que presentó al Congreso, considerándolos un obstáculo para el progreso y la lucha contra el terrorismo. Según Fowks (2022) “Fujimori justificó el cierre del COngreso acusando a los parlamentarios de obstaculizar la lucha contra el terrorismo”. Esto le permitió deslegitimar a sus adversarios y consolidar su poder sin una oposición presente. Esta estrategia logró anular el pluralismo político y convirtió a sus críticos en enemigos del Estado, debilitando la democracia.

En tercer lugar, la tolerancia o fomento de la violencia se presentó en las violaciones a los derechos humanos durante el régimen. Se realizaron ejecuciones extrajudiciales como las de La Cantuta y Barrios Altos, en nombre de la lucha contrasubversiva. Según Human Rights Watch (2023) “Fujimori toleró y encubrió violaciones sistémicas de derechos humanos”. Ello evidencia el uso de la violencia como herramienta de control político, ya que no fueron eventos aislados, sino parte de la política autoritaria que sacrificó derechos en nombre de la seguridad.

En cuarto lugar, la restricción de libertades civiles se evidenció en el control de los medios de comunicación y hostigamiento de periodistas críticos del gobierno. Este fue el caso de Gustavo Gorriti, quien fue secuestrado por orden del asesor de Fujimori. Como menciona Polar-Huaco (2024) “los secuestros por parte del Estado a periodistas como Gustavo Gorriti (...) siguen siendo objeto de una campaña de hostilidad gestada por los remanentes de Alberto Fujimori”. La represión a la libertad de prensa consolidó el poder del régimen y limitó el derecho del ciudadano a la información.

CONCLUSION: 

En conclusión, los eventos plasmados en la línea de tiempo permiten entender los ciclos de poder, crisis y transiciones que ha enfrentado nuestro país. Dentro de este recorrido, el autogolpe de Fujimori en 1992 destacó como una grave ruptura de la democracia. Este hecho concentró el poder, generó violaciones a los derechos humanos y restringió las libertades civiles. Recordar este suceso permite reconocer las debilidades que lo hicieron posible y realizar reformas para que no vuelva a ocurrir. Para fortalecer la democracia, se deben tomar acciones que busquen un Estado más sólido, ciudadanos más participativos y una política más limpia y representativa.

RECOMENDACIONES:

1.- Fortalecer las instituciones democráticas mediante reformas que garanticen la independencia de los poderes del Estado, la autonomía de los organismos electorales y la transparencia en la gestión pública.

2.- Promover la participación ciudadana activa a través de mecanismos como presupuestos participativos, consultas públicas y espacios de diálogo con las autoridades.

3.- Intensificar la lucha contra la corrupción, aplicando sanciones más severas, agilizando los procesos judiciales y asegurando la protección de los denunciantes y periodistas de investigación.

4.- Impulsar el fortalecimiento de los partidos políticos, regulando el financiamiento de campañas, garantizando procesos democráticos internos transparentes y fomentando la inclusión de liderazgos juveniles y regionales.

5.- Reducir las desigualdades sociales y territoriales mediante políticas que garanticen el acceso equitativo a servicios básicos y empleo digno, así como un fortalecimiento efectivo de la descentralización en beneficio de las regiones.

6.- Fomentar una cultura democrática basada en el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la resolución pacífica de los conflictos.

BIBLIOGRAFIA:

- Murakami, Y. (2024). Un análisis de la democracia peruana durante la crisis política. Elecciones, 31(2), 1-25.

https://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones/article/view/326/924

- Freedom House. (2023). Peru: Country Report 2023. Freedom in the World.

https://freedomhouse.org/country/peru/freedom-world/2023

- Human Rights Watch. (2023). La liberación de Fujimori es una alerta roja para la democracia peruana.

https://www.hrw.org/es/news/2023/12/18/la-liberacion-de-fujimori-es-una-alerta-roja-para-la-democracia-peruana

Cambios y Permanencias entre el Virreinato del Perú y el Período Republicano - Semana 1

La transición del Virreinato del Perú al Período Republicano significó un cambio profundo en
los aspectos políticos, sociales y culturales. El presente trabajo tiene como objetivo comparar los cambios y permanencias que se dieron entre ambos períodos. Aunque la independencia fue un claro hecho que marcó un antes y después, muchas prácticas coloniales permanecieron, específicamente en el ámbito político y social (De la Cruz, 2023). Entender esta evolución nos permite valorar los desafíos que atravesó el surgimiento de la República en su intento de construir una identidad inclusiva y, sobre todo, democrática. Con sólo reconocer estas continuidades es posible entender el porqué de las tensiones que aún existen en la sociedad peruana actual.

En el Virreinato del Perú, la organización política se encontraba organizada en la figura del virrey, representante directo del rey de España, con amplias atribuciones administrativas, judiciales, militares y fiscales (Contreras y Cueto, 2013). Su principal rol era cumplir las leyes reales, recoger impuestos y mantener el orden en nombre de la corona. Tras la independencia se dio un cambio radical a la estructura política con la constitución de constituciones republicanas, con la separación de poderes y el reconocimiento de la soberanía nacional. Con los cambios venían enormes desafíos, que generaron grandes radicalismos políticos, inestabilidad institucional, caudillismos militares y las guerras civiles que impedían asumir el reto de consolidar un sistema democrático estable (Basadre, 2005).

En el Virreinato los derechos civiles estaban marcados por un sistema jerárquico basado en la raza y el origen social. Los españoles peninsulares y criollos contaban con privilegios, los indígenas, mestizos y afroperuanos sufrían restricciones legales y sociales, fueron los indígenas quienes tenían que pagar el tributo y más tarde la mita minera (Flores Galindo, 1987).

Con la República, la igualdad de derechos civiles se proclamó, pero, en la práctica, la universidad de la circunstancia no era tal. Aun cuando los indígenas y campesinos llegaron a ser libres del tributo, continuaban marginados de la vida política y social. La inclusión avanzó lentamente, mostrando la tensión entre los ideales académicos republicanos y las estructuras coloniales que se mantenían (Hunefeldt, 1994).

La economía del Virreinato estaba basada en la minería, principalmente la de la plata en
Potosí y otros espacios, y una agricultura de sostén del mercado interno. El sistema de encomiendas y repartimientos fue el otro arranque de la explotación de mano de obra indígena, aunque después pasó al sistema de obrajes y haciendas (Tandeter, 1992). En la República, la economía deseaba diversificar la apertura al comercio internacional y de las inversiones extranjeras. La época del guano, en el siglo XIX, significó una etapa de prosperidad, pero, a su vez, la dependencia de un solo recurso, así como un desarrollo continuado de corrupción y de mala gestión. Aunque ya existían algunos avances, la economía republicana se mantuvo con indicios de continuidad del modelo extractivo colonial (Contreras y Cueto, 2013).

La educación del Virreinato fue controlada y orientada por la Iglesia católica. Las universidades, como San Marcos y San Cristóbal de Huamanga, fueron destinadas casi en su totalidad a los criollos y españoles, mientras que los indígenas alcanzaron una enseñanza muy restringida en las escuelas parroquiales y misionales (Burga & Flores Galindo, 1980). En la República, impulsaron reformas que dieran forma a una educación pública, laica y con acceso a una mayor extensión del pueblo. Sin embargo, la cobertura siguió siendo restringida en las áreas rurales y el acceso desigual por condición social y étnica. La educación republicana tuvo tanto un reflejo de los ideales de la ciudadanía como de las construcciones de las barreras traídas de la colonia (Basadre, 2005).

La identidad durante el Virreinato estuvo inmersa en la subjetividad de la hegemonía cultural española, la imposición del catolicismo, la categorización social, etc, aunque también se produjo un proceso complejo de mestizaje cultural en el que concurrieron elementos indígenas y africanos (Flores Galindo, 1987).

Con la República, surgió el reto de construir una identidad nacional propia. Se buscó integrar el pasado indígena como símbolo de la nación, al mismo tiempo que se conservaron elementos coloniales en la cultura y en las prácticas sociales. Esta tensión dificultó la creación de un sentido de pertenencia común para todos los sectores de la población.

CONCLUSIONES

La República reemplazó el sistema monárquico por uno republicano que tomaba en cuenta la división de poderes, la promulgación de una Constitución (1823) que reconocía los derechos ciudadanos y se abolió la esclavitud. Además de ello, la educación pública y participación política de criollos marcaron un avance con respecto a la soberanía nacional.

Las estructuras coloniales como el centralismo de Lima, la exclusión de indígenas y afrodescendientes, y concentración de poder en las élites criollas. Estas permanencias fueron las limitantes para el desarrollo equitativo y generaron la continuidad de las desigualdades sociales heredadas del virreinato.

Podemos recuperar los conocimientos ancestrales, medicina tradicional y la organización de las comunidades. Además de ello, debemos impulsar el turismo y la identidad nacional gracias a los patrimonios arqueológicos.

BIBLIOGRAFIA

- De La Cruz, R. B. (2023). La persistencia de la necropolítica: violencia contra los defensores indígenas ambientales en el Perú. Revista de Teoría y Narrativa, 17(1), 45–68.

https://doi.org/10.21704/RTN.V17I1.2004 

- Basadre, J. (2005). Historia de la República del Perú (1822-1933) (Vol. 1-16). Editorial Universitaria 

https://bibliotecacarmelitas.weebly.com/uploads/2/8/9/5/2895662/254708803-historia-de-la-republica-del-peru-t-1-1.pdf 

- Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, Apogeo y crisis de la República Aristocrática (oligarquía, aprismo y comunismo en el Perú 1895-1932) Contreras, C., & Cueto, M. (2013). Historia del Perú contemporáneo. Instituto de Estudios Peruanos 

https://cristoraul.org/SPANISH/sala-de-lectura/BIBLIOTECATERCERMILENIO/HISPANOAMERICA/Historia-del-Peru-contemporaneo.pdf 

- Hunefeldt, C. (1994). Liberalism in the Bedroom: Quarreling Spouses in Nineteenth-Century Lima. Penn State University Press. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84520406

Periodo de la abonanza económica en la historia del Perú - Semana 3

El Perú ha atravesado diversos periodos de bonanza económica que han marcado hitos significativos en su evolución histórica. Estos episodios, tales como el auge del guano en el siglo XIX, muestran cómo la explotación intensiva de recursos naturales puede generar crecimientos rápidos en ingresos fiscales, comercio exterior y poder político internacional (Mathew, 1977; Vizcarra, 2011). No obstante, esa prosperidad muchas veces no se tradujo en mejoras estructurales sostenibles, ni en un bienestar homogéneo para todos los sectores sociales (Arroyo, 2014).

La importancia de estudiar estos ciclos reside en que permiten entender las fuerzas internas y externas que impulsan las bonanzas como las condiciones del mercado internacional, políticas estatales, capacidad institucional, así como los obstáculos que limitan su persistencia: la dependencia de exportaciones primarias, la fragilidad fiscal, la desigualdad económica y social, o la incapacidad de diversificar la economía (Vizcarra, 2011; Arroyo, 2014). Además, analizar estos periodos históricos ofrece lecciones valiosas en un contexto contemporáneo donde Perú nuevamente depende fuertemente de materias primas.

La presente investigación se justifica porque a partir de fuentes académicas como Guano, compromisos creíbles y el pago de la deuda externa peruana del siglo XIX de Vizcarra (2011), A Primitive Export Sector: Guano Production in Mid-Nineteenth- Century Peru de Mathew (1977) y Failure to Launch: Cost of Living and Living Standards in Peru during the 19th Century de Arroyo Abad (2014), se pretende identificar los patrones recurrentes de bonanza económica: sus orígenes, beneficios macroeconómicos, asimetrías sociales y por qué muchas veces esas bonanzas resultan efímeras o insuficientes para generar un desarrollo equitativo y duradero.  

Durante los períodos de bonanza económica en el Perú, el crecimiento fue generado a costa de la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, esta dependencia una vulnerabilidad en comparación a los precios internacionales, limitó la productividad. Según Zegarra (2021), el modelo primario-exportador no ha sido suficiente para generar un desarrollo sostenible a largo plazo. Desde el aspecto político y social, no se logró canalizar los recursos económicos al desarrollo de políticas eficientes. 

Los beneficios económicos se concentraron en un determinado sector social y amplios sectores de la población, quedaron excluidos. Como mencionan Molina y Mellado (2022), la captura institucional impide que el Estado actúe como agente transformador frente a la crisis. Aunque el modelo económico actual ha demostrado cierta estabilidad, continúan existiendo desafíos como: dependencia de materia prima, conflicto socioambiental y baja inversión en capital humano. Como menciona Vila (2021), la extracción sin orden local genera tensiones con comunidades locales y perpetúa un modelo de crecimiento sin justicia social.

CONCLUSIONES:

• 
  Las bonanzas económicas en el Perú han estado históricamente ligadas a la
  explotación de recursos naturales como el guano, salitre, caucho y minerales.
• La dependencia de estos recursos ha expuesto al país a la volatilidad de los precios internacionales y ha limitado el desarrollo sostenible.
• La gestión ineficiente de los ingresos generados durante estos periodos ha llevado a problemas de corrupción, desigualdad económica y conflictos sociales.

RECOMENDACIONES:

• No depender solo de materias primas o un único sector (ej. minería, petróleo, agroexportación).
• Fomentar áreas clave como la tecnología, la biotecnología, las energías limpias y el turismo responsable. 
• Crear normativas para salvaguardar el entorno durante el crecimiento económico, previniendo el deterioro de los recursos naturales.
• Crear iniciativas que ofrezcan posibilidades de trabajo formal y enseñanza profesional.

Bibliografía

-Arroyo Abad, L. (2014). Failure to Launch: Cost of Living and Living Standards in Peru during the 19th Century. Revista de Historia Económica.

https://doi.org/10.1017/S0022050709000813 

- Mathew, W. M. (1977). A Primitive Export Sector: Guano Production in Mid- Nineteenth-Century Peru. Journal of Latin American Studies, 9(1), 35-57.

https://doi.org/10.1017/S0022216X00019325

- Molina, A. C., & Mellado, R. S. (2022). Crisis socioecológica y Estados capturados. Desafíos contemporáneos. Millcayac - Revista de Ciencias Sociales, 9(17), Universidad Nacional de Cuyo.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=525871894011

- Vila, F. (2021). Extractivismo y territorio: el ordenamiento territorial como

herramienta para la gestión de conflictos sociales. Limaq, (8), 1–18.

https://doi.org/10.26439/limaq2021.n008.5553

- Vizcarra, C. (2011). Guano, compromisos creíbles y el pago de la deuda

externa peruana del siglo XIX. Economía, PUCP, 34(67), 9-38.

https://doi.org/10.18800/economia.201101.001

- Zegarra, E. (2021). ¿Por qué el Perú no crece más? Restricciones estructurales del modelo económico. Revista de Economía PUCP, 83(1), 9–42.

https://doi.org/10.18800/economia.202101.001