Situación de las víctimas del terrorismo en el Perú - Semana 4

El terrorismo que azotó al Perú entre 1980 y el 2000 dejó una huella profunda en la sociedad,

con impactos que trascendieron lo económico y político para instalarse en la vida cotidiana de miles de familias. Las secuelas de la violencia armada no se limitaron a las muertes o desplazamientos forzados, sino que también incluyeron graves afectaciones en la salud física y mental de los sobrevivientes. Estudios psicosociales en comunidades andinas demuestran que la participación local en los procesos de evaluación del daño no sólo visibiliza el trauma colectivo, sino que también actúa como una forma de acompañamiento terapéutico frente al sufrimiento vivido (Snider et al., 2004).

La importancia de analizar la situación de las víctimas del terrorismo radica en comprender cómo la memoria y la reparación se articulan con el derecho a la salud y a la justicia. El trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación abrió un precedente en América Latina al reconocer la salud mental como parte del proceso de reparación, lo que permitió dar voz a sobrevivientes históricamente marginados (Laplante & Rivera Holguín, 2006). Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten vacíos en la implementación de políticas públicas que garanticen la restitución plena de derechos.

Diversas investigaciones han evidenciado que los sobrevivientes presentan síntomas prolongados de estrés postraumático, depresión y ansiedad, lo cual limita sus oportunidades de reintegración social y económica (Tremblay et al., 2009). Esta dimensión psicosocial refuerza la necesidad de políticas sostenidas que prioricen a las víctimas no solo como receptores de ayuda, sino como ciudadanos con capacidad de incidir en las decisiones que afectan su futuro.

Asimismo, el análisis de la situación de las víctimas exige incorporar una mirada de género y etnicidad. El reconocimiento de las mujeres quechuas como víctimas y como agentes de reconstrucción en el periodo postconflicto muestra que la memoria del sufrimiento y la resistencia no ha sido distribuida de manera equitativa. Estas diferencias revelan la persistencia de desigualdades simbólicas y materiales que deben ser atendidas en los procesos de justicia transicional (Suarez, 2013).

En ese sentido, la justificación de este análisis se basa en la necesidad de examinar de manera crítica las políticas de reparación y memoria en el Perú, a fin de identificar tanto los logros alcanzados como las limitaciones aún vigentes. Solo así será posible avanzar hacia una reconciliación real que asegure verdad, justicia y reparación integral para todas las víctimas del terrorismo.

Habiendo pasado ya veinte años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
entregó su informe final, y aunque marcó un hito en la historia del país, su impacto real en la sociedad ha sido limitado. El Estado peruano sí dio algunos pasos: se creó el Consejo de Reparaciones en 2006 y se entregaron compensaciones económicas a víctimas y comunidades, sobre todo gracias a la presión social en tiempos de Alan García. Sin embargo, más allá de esas reparaciones materiales, en lo moral, educativo y en la salud los avances han sido mínimos (Lerner y Villasante, 2023, p. 371). Muchas víctimas sienten que no se ha hecho justicia porque no basta con un pago económico. Lo que reclaman es reconocimiento, apoyo psicológico, oportunidades y sobre todo una memoria viva. Desde el gobierno de Alberto Fujimori se empezó a construir una historia que ocultaba los crímenes del Estado y glorificaba a las Fuerzas Armadas, lo que alimentó la condena al trabajo de la CVR (Lerner y Villasante, 2023). El Ejército incluso respondió con su propio libro “En honor a la verdad", en el que defendía la institución y minimizaba sus responsabilidades. En vez de convertirse en un recuerdo común para todos, el Informe quedó en medio de dos posiciones: los que resaltan las violaciones del Estado y los que solo recuerdan la derrota del terrorismo. Por eso se dice que “no caló en la sociedad”. Como explica Cotlear (2024), la CVR logró avances en derechos humanos, pero no consiguió unir las distintas miradas del conflicto. Se enfocó en la violencia política y dejó de lado aspectos como la crisis económica y la caída de la democracia, lo que dio lugar a dos relatos que no dialogan entre sí: el de la violencia y el de la economía. Además, Querejazu (2023) señala que el hecho de que el Ejército publicara su propio libro para defenderse muestra que todavía hay memorias divididas y que falta mucho para una verdadera reconciliación.

Tras el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de 2003, se formularon múltiples recomendaciones destinadas a garantizar justicia, verdad, reparación y no repetición. Algunos estudios recientes muestran que ha habido progresos legales e institucionales, como la judicialización de casos de graves violaciones de derechos humanos, la reforma parcial de leyes que impedían el proceso de justicia (por ejemplo, las leyes de amnistía o la prescripción penal) y la creación de mecanismos institucionales que atienden demandas de víctimas; estos representan avances significativos hacia el cumplimiento del mandato de la CVR (Abad Yupanqui, 2004; Reyes, 2023).

No obstante, aún persisten limitaciones importantes. En Luces y sombras de la justicia: el
legado jurídico de la CVR en Perú, Reyes (2023) señala que muchas recomendaciones de naturaleza judicial no han sido monitorizadas sistemáticamente, lo que dificulta evaluar el grado real de cumplimiento, y que numerosos casos siguen sin sentencia condenatoria o están paralizados por demoras procesales. Además, el acceso efectivo a la justicia para las víctimas en zonas rurales o aisladas continúa siendo un desafío, tanto por barreras geográficas como por carencia de recursos institucionales (Reyes, 2023).

Otro estudio, Una exigencia viva de cambio. Justicia transicional y prevención en Perú

(Guillerot, 2023), subraya que las causas estructurales del conflicto —como pobreza,

exclusión social y discriminación étnica— no han sido aún abordadas de manera integral por el Estado, lo que significa que las condiciones que permitieron la violencia persisten. Guillerot advierte que, sin una política estatal sostenida y con enfoque preventivo, las víctimas no sólo siguen esperando reparaciones, sino que la posibilidad de repetición de violaciones se mantiene latente (Guillerot, 2023).

De forma complementaria, Abad Yupanqui (2004) analiza los obstáculos legales que han frenado la justicia para las víctimas, tales como las leyes de amnistía, la prescripción, los estados de emergencia y la influencia de entidades militares en ciertos procesos, que muchas veces restringen el alcance de lo que la CVR recomendó.

En resumen, si bien hay avances visibles en materia de judicialización, reconocimiento oficial y algunas reparaciones, la justicia para las víctimas del terrorismo en el Perú presenta aún déficits estructurales: falta de seguimiento sistemático, demoras procesales, insuficiente cobertura geográfica y social, y ausencia de una acción estatal integral que articule verdades, culpas, reparaciones materiales y simbólicas, prevención y no repetición.

CONCLUSIONES:

- A pesar de los avances normativos e institucionales, muchas víctimas del terrorismo en el Perú aún viven en condiciones de pobreza, marginación y con dificultades para acceder a servicios básicos como salud, educación y vivienda.

- Las secuelas del terrorismo no solo fueron materiales, sino también emocionales y culturales. Muchas comunidades siguen cargando con traumas, estigmatización y fracturas sociales que afectan la reconstrucción de su tejido comunitario.

- Las zonas rurales, sobre todo de la sierra y la selva, fueron las más golpeadas por la violencia, y paradójicamente siguen siendo las que menos apoyo estatal reciben en materia de reparación y desarrollo.

RECOMENDACIONES:

• Implementar programas permanentes de salud, con énfasis en el acompañamiento psicológico y comunitario, considerando el impacto del trauma en la vida de las víctimas y sus familias.
• Priorizar a las regiones más afectadas por el terrorismo (sierra y selva) con proyectos de desarrollo rural, infraestructura, educación y acceso a servicios básicos.
• Organizar debates, foros o exposiciones sobre el impacto del terrorismo y la importancia de la paz, para sensibilizar a los compañeros.
• Vincularse con asociaciones juveniles o universitarias que trabajen por la memoria, la paz y la reconciliación.

BIBLIOGRAFIA:

Abad Yupanqui, S. (2004). Retos jurídicos del informe de la CVR: la necesaria garantía del derecho a la verdad. Derecho PUCP, (57), 41–58. https://doi.org/10.18800/derechopucp.200401.002

Cotlear, D. (2024). La distopía andina: El papel de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en la construcción de un relato sobre el Perú de 1980 al 2000. Instituto de Estudios Peruanos. 

https://repositorio.iep.org.pe/server/api/core/bitstreams/b69430f5-3d2a-4b83-b2fb-62bd1716231b/content

Guillerot, J. (2023, noviembre). Una exigencia viva de cambio. Justicia transicional y prevención en Perú. Instituto de Democracia y Derechos Humanos, PUCP. https://doi.org/10.18800/9786124474477.001

Laplante, L. J., & Rivera Holguín, M. (2006). The Peruvian Truth Commission's mental health reparations: Empowering survivors of political violence to impact public health policy. Health and Human Rights, 9(2), 136–163. 

https://doi.org/10.2307/4065405

Lerner, S., & Villasante, M. (2023). Veinte años después de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Revista Iberoamericana, 9(1), 363–378. https://doi.org/10.18800/revistaira.202401.010

Querejazu Aguirre, I. (2023). Las diferentes interpretaciones del conflicto armado peruano y la falta de reconciliación nacional: Un breve análisis de los principales ejes discursivos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y del Ejército del Perú en torno al conflicto armado. Sílex, 13(1), 70–102. 

https://doi.org/10.53870/silex.2023131237

Reyes, V. (2023, noviembre). Luces y sombras de la justicia: el legado jurídico de la CVR en Perú. Instituto de Democracia y Derechos Humanos, PUCP. https://doi.org/10.18800/9786124474477.005

Snider, L., Cabrejos, C., Huayllasco Marquina, E., Trujillo, J. J., Avery, A., & Ango Aguilar, H. (2004). Psychosocial assessment for victims of violence in Peru: The importance of local participation. Journal of Biosocial Science, 36(4), 389–400. https://doi.org/10.1017/S0021932004006601

Suarez, E. B. (2013). Recognizing suffering or resistance? Honoring the courage of indigenous quechua women in post-conflict Ayacucho, Peru. Stability: International Journal of Security & Development, 2(2), 1–14. 

https://doi.org/10.5334/sta.cc

Tremblay, J., Pedersen, D., & Errazuriz, C. (2009). Assessing mental health outcomes of political violence and civil unrest in Peru. International Journal of Social Psychiatry, 55(3), 200–208. 

https://doi.org/10.1177/0020764009103214